Al asumir por segunda vez la presidencia de la República de Chile, Michelle Bachelet desplegó una serie de 56 medidas para los primeros 100 días de gobierno. Entre las más importantes se encuentran la reforma política, la tributaria y la educativa. La primera se centra en avanzar en una modificación de la constitución, algo que parece remoto por el momento. En tanto que las otras dos están concatenadas. En materia impositiva, el 1º de abril de este año, el gobierno envió un proyecto que básicamente propone reorganizar el sistema, a fin de grabar progresivamente a los sectores de mayores ingresos, con lo que espera generar unos 8.300 millones de dólares, como base para financiar una profunda transformación de un modelo de educación que lleva casi 50 años de vigencia en ese país.
La reforma tributaria significa un cambio de la matriz socioeconómica basada en la desigualdad imperante desde los años setenta. Miradas al Sur conversó con José Cárcamo, economista chileno, quien en sus palabras dijo: “El cambio implementado por el gobierno de Bachelet implica cambiar un modelo regresivo que imperaba desde 1986, momento en que establece que las empresas devenguen la cuota impositiva en ganancias como inversiones futuras, lo que generaba como insólito que los trabajadores de altos ingresos paguen directamente la carga tributaria y los empresarios no paguen, evadiendo porque ese dinero generalmente no va a inversiones”.
Con este cambio, ahora el desafío pasa en transformar un modelo de educación, lo que implica pasar de un país que tiene casi dos tercios del alumnado en la enseñanza de gestión privada a uno de plena educación pública. Este sistema educacional se configuró desde la dictadura militar de 1973, donde el 65% de los alumnos, matriculados en educación pública a comienzos del régimen, se redujo al 30%, además de establecerse un esquema basado en lógicas mercantiles que no existe en el mundo.
En el discurso del 21 de mayo pasado, que realizan los mandatarios todos los años a la ciudadanía, la presidenta Michelle Bachelet presentó su paquete de leyes que se orientan a reformar la educación, momento en que sostuvo que es “la más significativa que Chile haya tenido en los 50 últimos años”, y a su vez remarcó que está “cumpliendo con lo que nos comprometimos: iniciar un proceso que permita asegurar calidad, gratuidad y acceso a la educación”.
Con esta presentación, la jefa de Estado reinstaló en agenda una tensión entre fuerzas sociales y políticas que disputan por sostener o cambiar el modelo vigente. Los que defienden la actual situación, sostienen una propuesta centrada en pensar a la educación como un bien de consumo, que se debe comprar y vender en el mercado, en tanto que quienes proponen cambios, señalan que la educación es un derecho social que debe estar garantizado por el Estado.
Este tema se expresa al interior de la nueva coalición de gobierno, Nueva Mayoría, donde coexisten partidos progresistas que alientan reformas al sistema educativo con organizaciones políticas de sectores conservadores, especialmente de la Democracia Cristiana, que en articulación con las principales fuerzas de la derecha –Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente– y junto a aliados gremiales del mundo social, mantienen una férrea oposición a cualquier cambio, defendiendo al mercado como forma de acceso a la educación. La situación contrapone al gobierno con movimientos sociales y organizaciones políticas que impulsan cambios más profundos. En especial, el movimiento estudiantil, que durante años viene bregando por una cambio en la enseñanza y que la propuesta tan esperada reforma educativa ingresada por Michelle Bachelet al debate no los entusiasman, e incluso ya realizaron movilización el 10 de octubre pasado, reactivando las movilizaciones estudiantiles que se habían exacerbado durante la gestión de Sebastián Piñera en 2011.
El núcleo de cambio del proyecto de Bachelet se centra en tres proyectos, de los cuales uno propone prohibir que las instituciones que reciben financiamiento público apliquen mecanismos de selección de sus estudiantes. A su vez, otro propone reducir gradualmente el copago, que son fondos que erogan los padres para la educación escolar de sus hijos en el sistema público. Por último, la tercera propuesta expresa una de las principales demandas del movimiento estudiantil, que puede ser nodal en el debate sobre el área, y que implica que nadie lucre con la educación, algo que sucede hace décadas. Sin embargo, para eso, destinarán recursos estatales con el fin de compensar los costos de las “empresas educativas” para que se reconviertan en corporaciones o fundaciones sin fines de lucro en un período de tres años.
Para el movimiento estudiantil estas medidas son insuficientes, por eso irrumpió en las calles nuevamente, y promete seguir haciéndolo hasta ampliar los avances. Así, comentó a Miradas al Sur la presidenta saliente de la FECh (Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile), Melissa Sepúlveda, quien considera que la principal crítica está “en la forma en cómo se han formulado los proyectos, sin consultas, a espaldas de los estudiantes, cuando fuimos los protagonistas de incorporar esta agenda y merecemos ser escuchados”. En tanto que la flamante presidenta electa, Valentina Saavedra Meléndez, al respecto sostuvo: “Nuestra tarea en el 2015 es impulsar que el movimiento sea parte de la construcción de la reforma educativa. El gobierno debe abrirse a un acuerdo amplio y democrático con la sociedad”, sentenció.
También los estudiantes secundarios alzaron su voz; el pasado 26 de octubre, Ricardo Paredes, vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) manifestó por parte de la organización estudiantil que están “en pie de guerra contra aquellos que quieren mantener el statu quo en la educación, contra aquellos que creen que se puede defender a brazo partido un modelo que está en franca crisis”. Lo hizo durante una jornada artístico-cultural convocada en conjunto con profesores y padres para entregar un documento en La Moneda y el Ministerio de Educación con sus planteos al proyecto oficialista.
Sin embargo, un ex líder estudiantil durante las marchas de 2011 y 2012, y ahora devenido en diputado, Gabriel Boric, consideró que “el proyecto del gobierno tiene muchas falencias, aunque considero que ataca varios aspectos negativos del sistema actual”. En una entrevista, señaló que lo más importante es que “se prohíbe el lucro en educación, la selección de estudiantes y el financiamiento compartido entre apoderados y el Estado, por lo que es un comienzo importante”.
A su vez, la reforma educativa también tiene críticas por parte de la derecha, especialmente de los espacios de la Democracia Cristiana que, si bien forma parte de Nueva Mayoría, también tiene fuertes intereses de mantener los colegios privados. Así lo destacó el politólogo Manuel Garretón a Miradas al Sur, quien sostiene que “la principal oposición a la reforma educativa proviene de sectores de la democracia cristiana que reclama hegemonismos”.
Además, para Garretón el debate es más profundo, que va más allá de lo que plantean las personas que no quieren mayores cambios, porque se debe entender que “la Nueva Mayoría es más que la Concertación, es una proyecto de tipo refundacional. Es una estupidez decir que es una coalición electoral cuando se plantea un proyecto de largo alcance y de largo plazo como la reforma educacional”. A su vez, amplió su crítica a la Democracia Cristiana. El politólogo sostuvo: “Es que algunos que aceptaron formar la Nueva Mayoría, porque les convenía electoralmente, se dan cuenta que ahora se trata de hacer lo que la Concertación no hizo, precisamente pasar de una sociedad heredada del pinochetismo a un nuevo tipo de sociedad”.
En definitiva, el gobierno de Michelle Bachelet en el tema de reforma educativa es cuestionado por derecha y por izquierda; desde sus aliados de la Democracia Cristiana o sectores de derecha como la UDI, que sostienen que tener la posibilidad de pagar por la educación de los hijos garantiza el derecho de elegir y ser libre, hasta la izquierda, que pide participar en la discusión de los proyectos, que sin embargo sus propuestas no son necesariamente más progresistas, porque a diferencia de financiar la educación pública con los impuestos a las ganancias de las empresas, algunos proponen hacerlo con regalías del cobre, algo que no modifica estructuras económicas, un debate muchas veces ausente.
